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22.3.17

El secretismo del Uruguay y un juez republicano

En otro país podría ser considerado un fallo histórico, aunque acá seguramente pasará desapercibido.
Se trata de un dictamen del juez Gabriel Ohanian fechado el 26 de noviembre y conocido a través de la prensa en los últimos días.
El objeto central del juicio era considerar si la Administración de los Servicios de Salud del Estado persiguió en forma injusta a una funcionaria del Instituto del Cáncer, la asistente social Gladys González, acusada del grave pecado de haber hecho declaraciones a la prensa.

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Ohanian establece que González "es una muy capacitada profesional (...) que generó inigualable empatía con los pacientes del INCA a quienes organizó para procurar mejoras en el servicio, encolumnando tras sí a otros funcionarios con igual cometido".
"Esta militancia en pro de los usuarios terminó enfrentándola a la dirección del Instituto que comenzó a perseguirla, denostándola y sancionándola con vehemencia".
Como ejemplo, baste con relatar que una de las medidas tomadas fue la de tapiar una puerta por la que González ingresaba al INCA. Un funcionario citado como testigo declaró ante el juez: "Tuve que cerrar la puerta de 8 de Octubre con clavos y maderas y llamar al cerrajero Maldonado para que pusiera un pasador y llave, y llevar la llave a la dirección. Esa puerta que (se) clausuró era la puerta por la que entraba la actora. Lo hice por mandato de la dirección integrada por la doctora Valles, la nurse Aristimuño y el doctor Luongo".
poder judicial, Uruguay, secretismoLas sanciones fueron incrementándose hasta que en 2011 González dio una entrevista al diario El País relatando diversas situaciones negativas que ocurrían en el INCA.
Eso motivó que la dirección iniciara una "investigación administrativa" que determinó que a González se la suspendiera durante un mes con retención total de sus haberes.
"A la actora, en verdad, no se le cuestionó el acierto o desacierto de sus dichos en la prensa, sino la violación a un deber de 'reserva', es decir el haber permitido que un periodista la entrevistara", dice el fallo del juez Ohanian.

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Producto de las medidas en su contra, González relata que debió mudarse al campo debido al estrés que padecía, tuvo que sacar a su hija del colegio al que la enviaba y anotarla en un liceo público ya que no tenía dinero para pagar la mensualidad, le cortaron la luz, el agua, el teléfono, debió hipotecar una casa de su familia, tuvo depresión, angustia, ataques de pánico y perdió 15 kilos de peso.

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Respecto al fondo de la cuestión -que González habría violado un deber de "reserva" que afectaría al los funcionarios públicos- Ohanian es concluyente.
Primero recuerda que la norma que establece esa mentada "reserva" está fijada por el artículo 29, numeral 7 de la ley 19.121, pero solo afecta a los funcionarios de la administración central. E inmediatamente acota y limita los alcances de tal "reserva".
"No puede referir a una opinión respecto de la marcha del servicio público (...) En todo caso esa 'reserva' únicamente abarcaría datos sensibles que el funcionario conoce por el desempeño de su cargo (ejemplo: no divulgar la enfermedad de un paciente determinado) cuya comunicación, además, no contribuye en nada al interés público".
Ohanian es categórico, claro y contundente:
"La Administración no puede pretender regimentar la opinión de sus dependientes y las críticas públicas que de ellos provienen han sido, son y deberán ser toleradas por los gobernantes. El secretismo se ajeno por completo al sentido republicano. Que no sea del gusto de los directores del INCA el hecho de que trascienda una determinada situación interna, no les concede el derecho de sancionar a una funcionaria cercenando su libertad de expresión, pretendiendo de este modo silenciarla".
"El sentenciante -escribe el juez- no concibe que un funcionario público encuentre limitado su derecho constitucional a expresar su pensamiento en un medio de prensa bajo apercibimiento de ser objeto de una sanción administrativa, como le ocurrió a la actora".
Y agrega que no hay nada que limite el derecho del funcionario público "a expresarse personalmente en forma negativa respecto a la gestión de los directores o cargos políticos si está en desacuerdo; o bien denunciando lo que a su entender son fallas del servicio, porque ello conviene al interés general de toda la sociedad de tomar conocimiento de eventos de gran trascendencia".

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Según la dirección del INCA -los mismos que mandaron tapiar la puerta por la que entraba la funcionaria- González debió verter sus críticas y sus denuncias en forma interna, comunicándolas "a sus superiores".
"La sede no comparte en absoluto estas afirmaciones", dice Ohanian en su fallo. "En el Estado de Derecho cualquier funcionario puede dar opinión respecto de lo que entiende es el mal funcionamiento del servicio en el que trabaja. Lo hacen los sindicatos todos los días. Entender que ello está vedado en aras de una 'reserva' inexistente, únicamente tienda a tutelar la buena imagen de los dirigentes, para que su gestión no sea controvertida en público".

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Ohanian estableció que la dirección del INCA tuvo una "actitud dolosa negligente y temeraria" en este caso y falló a favor de la funcionaria: ASSE deberá pagarle 1.200.000 pesos para compensar el daño moral sufrido.

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En un país donde el secretismo reina, el fallo de Ohanian es histórico y merece el mayor reconocimiento.
Habría que enmarcarlo y colgarlo en cada oficina pública. Habría que entregarle una copia a cada funcionario del Estado, empezando por el presidente de la República y siguiendo por los ministros y cada uno de aquellos que dirigen alguna oficina.
Todos los periodistas hemos chocado mil veces contra el muro del miedo y la censura impuesta desde la burocracia estatal. Miles de funcionarios tienen prohibido por sus superiores hablar con la prensa, incluso de las cosas más nimias: sienten pavor ante la mera presencia de un periodista, temerosos de las sanciones que recaen sobre ellos si hablan, como le pasó a González en el Instituto del Cáncer.
Para hablar, son obligados a tramitar permisos excepcionales con sus superiores, con todo lo que ello implica.
Lo maravilloso del fallo de Ohanian es que establece que esa censura no se basa en nada legal y que, por el contrario, viola las más elementales normas de la República.
Con todo, y luego de la enorme alegría y satisfacción que provoca leer esta sentencia de un juez uruguayo, el fallo deja un triple sabor amargo.
Primero, porque los funcionarios que en este caso actuaron en forma "dolosa, negligente y temeraria", siguen allí, dirigiendo el Instituto del Cáncer u otras dependencias de la salud pública.
Segundo, porque el dinero que se le pagará a la funcionaria perseguida en forma ilegal e injusta no saldrá de los bolsillos de sus perseguidores, como debería ser, sino del nuestro, del de todos los uruguayos. (¿Hasta cuándo seguiremos todos nosotros pagando la irresponsabilidad de la burocracia que mal dirige el estado?).
Y tercero, porque el secretismo -a pesar del notable fallo de Ohanian- vive y lucha. Pocas semanas después, un decreto de la propia Presidencia, firmado por el vicepresidente Sendic y todos los ministros de gobierno, estableció que los funcionarios deben mantener la "discreción" respecto a "datos, hechos y documentos" que conocen como empleados públicos y que es una "falta muy grave, pasible de destitución" filtrar documentos a la prensa.
Es contra la República.
Lean el fallo del juez Ohanian.

28.4.15

Dos versiones opuestas no pueden ser verdad al mismo tiempo

Creo que debería aclararse el caso de Alejandra Martínez Motta, hija del senador y candidato a intendente Daniel Martínez y de Laura Motta, consejera del Codicen.
Todo comenzó hace unos días con una denuncia de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu). Según el sindicato, Alejandra Martínez fue agraciada con una "designación directa" como coordinadora del departamento de Diseño del Espacio Sarandí, una dependencia de UTU.
La denuncia fue desmentida en forma tajante por Wilson Netto, presidente del Codicen. El funcionario dijo que Martínez Motta fue designada tras ganar un llamado público. "En este tema de la hija de Martínez hay una desinformación muy grande", sostuvo Netto. "Ella ha presentado un proyecto de trabajo, está a cargo del proyecto de diseño y hubo un llamado en el que obtuvo el primer lugar".
Pero en la prensa de hoy vemos que la diputada Graciela Bianchi, del Partido Nacional, tercia en apoyo de la versión del sindicato. Exhibiendo la documentación de la contratación, la legisladora sostiene que no hubo concurso y que todo es un "curro" para "acomodar a una persona".


Uruguay es cada vez más el país donde dos versiones opuestas son "verdad" al mismo tiempo: el agua que sale de la canilla es potable y es un peligro para la salud, los refugiados de Guantánamo son libres de salir cuando quieran y no pueden ni siquiera viajar a Buenos Aires; las negociaciones del TISA fueron informadas y secretas en forma simultánea.
Ahora se suma el caso de Martínez Motta.
Sería bueno que se aclarara. Está en juego el honor de muchas personas.
Como pasa con el agua, los refugiados de Guantánamo y el acuerdo TISA, alguien está diciendo la verdad y alguien no.
No nos hagamos más trampas: dos versiones opuestas no pueden ser verdad al mismo tiempo.


7.4.13

En medio de la polémica del agua, funcionarios uruguayos dan cátedra ambiental en Paraguay

Un proyecto minero gigantesco y muy polémico avanza en Paraguay. Se trata de una mega emprendimiento llamado Río Tinto Alcan. Es tan polémico que el ex presidente Fernando Lugo ha dicho que una de las causas ocultas de su destitución fue la negociación que estaba llevando adelante con esta compañía minera, que pretende instalar en su país una planta para transformar alúmina (un producto derivado de la bauxita) en aluminio.
Lugo no estaba decididamente en contra de la instalación de Rio Tinto, pero se negaba a aceptar un enorme descuento en el precio de la electricidad que pretendía obtener la empresa: "No estamos para regalar tanta plata", dijo en 2011. La producción de aluminio consume una enorme cantidad de electricidad y Río Tinto quiere pagarla barata.
No sé si eso influyó o no en la salida de Lugo, pero muchos paraguayos desconfían de Río Tinto y de las condiciones con las que pretende instalarse en Paraguay. Justamente para aventar esas dudas, el nuevo gobierno, más favorable a un acuerdo con la minera, contrató a tres expertos internacionales para que, en base a su experiencia, asesoraran a los paraguayos que integran el llamado Grupo Técnico de Negociación, los hombres que negocian y deberán controlar a Río Tinto.
Mientras en Uruguay nos preguntamos si podemos tomar el agua que sale de la canilla, resultó una verdadera sorpresa leer en la prensa paraguaya que una de las expertas contratadas fue Alicia Torres, la ex directora de la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) uruguaya. Los otros dos fueron el canadiense Pierre Renaud, abogado ambientalista, expresidente del Consejo de Audiencias Públicas de la provincia de Quebec (donde Río Tinto tiene una planta de aluminio), y el francés Jean Philippe Bouton, responsable de evaluación y monitoreo ambiental de industrias del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Ecología de Savoie, Francia (donde también opera Rio Tinto).
Los tres expertos se presentaron el 18 de marzo en Asunción, en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, dando inicio a una serie de charlas que se extendieron durante tres días. El simposio fue presidido por el ministro de Industria y Comercio, Diego Zavala, quien declaró, según consignó el diario Última Hora, que a las charlas podía ir todo el mundo "incluso aquellas personas que están en contra de la venida Río Tinto Alcan". 

Algunas cosas curiosas

Alicia Torres, según las notas aparecidas en la prensa paraguaya, dio en Asunción una serie de consejos generales: ser rigurosos en los procesos ambientales, formar técnicos locales, procurar que esos técnicos tengan trabajo en el país. Afirmó que ante proyectos como Botnia o Rio Tinto lo más fácil es decir que sí o que no -de modo categórico y sin matices-, pero "lo más difícil es recorrer el camino del sí, pero con determinadas condiciones". También, según reprodujo el diario local La Nación, Torres les dijo a los paraguayos que podían compensar las emisiones contaminantes de dióxido de carbono de la industria con planes de forestación.











Pero más allá de los dichos de Torres, y a la luz de las noticias de todos los días, es inevitable hacerse algunas preguntas.
¿Cuándo fue que Uruguay alcanzó la estatura de estado modelo en procesos ambientales? Es muy curioso que un país que hoy está descubriendo que sus principales reservas de agua potable están contaminadas -justamente por una mala gestión ambiental- salga a dar cátedra a los vecinos. Y ese es apenas uno de muchos problemas ambientales mal resueltos en el Uruguay de hoy.
También es curioso que mientras Uruguay discute -y todavía no resuelve- la actitud a tomar frente a los proyectos de megaminería, los técnicos del estado uruguayo asesoren a otro país que enfrenta la misma discusión.
Alicia Torres ya no dirige la Dinama, pero trabaja en la Unidad Ambiental del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ha señalado que fue a Paraguay a título personal. Sin embargo, también es muy curioso que importantes funcionarios públicos uruguayos se presenten a dar consultorías contratados por el gobierno del Paraguay, al que el nuestro gobierno considera ilegítimo. Así, mientras Uruguay juega un rol decisivo para mantener a Paraguay suspendido del Mercosur, los funcionarios uruguayos se presentan en Asunción a dar conferencias presididas por un ministro de ese gobierno considerado espurio. En resumen: el gobierno paraguayo es ilegítimo para integrar el Mercosur, pero es legítimo para contratar asesorías.
Mientras tanto, ayer en Tienda Inglesa me dijeron que se agotaron los filtros para el agua.
Aunque seguro que de eso no se habló en Asunción.

el.informante.blog@gmail.com

12.2.11

Buenos y malos profesores

El 75% de los uruguayos mayores de 15 años no terminó Secundaria y más del 48% ni siquiera su ciclo básico, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (*). Son los peores índices del Mercosur, lejos de países que a su vez están lejos de tener un nivel educativo aceptable. Los que se quedan en el liceo, mientras tanto, aprenden poco y nada, como demuestran las pruebas PISA.
El debate, mientras tanto, es el mismo de siempre. Que hay que respetar la autonomía de la educación. Que hay que terminar con la autonomía. Que hay que educar en valores. Que hay que educar para el mercado. Que el Plan Ceibal nos salvará. Que solo el Plan Ceibal no alcanza. Que nunca antes se destinaron tantos recursos para la educación. Que hay que destinar más recursos. Que el ausentismo docente es muy alto. Que el ausentismo es culpa del sistema. Años y años escuchando la misma cantinela, barranca abajo.
Los sindicatos mandan: por eso la antidemocrática autonomía es sacrosanta y los recursos económicos se siguen aumentando sin exigir contrapartida alguna. Mientras tanto, los jóvenes ni siquiera pueden escribir y leer bien en castellano. De aprender inglés ni hablamos. ¿Matemáticas? Difícil para analfabetos virtuales.
Deberíamos dejarnos de mentiras piadosas, porque no hay piedad para los estafados por el sistema educativo. Se dice que todo se hace en nombre del progresismo y la solidaridad, pero en el quintil más pobre de la sociedad apenas el 1,7% termina Secundaria. La Universidad de la República es gratis... para los ricos. Mientras festejamos el pleno empleo, estamos construyendo un país de vigilantes, vendedores ambulantes, limpiadoras esclavizadas en empresas tercerizadas y carne joven para call centers.

La revista Newsweek propuso en marzo de 2010 la siguiente solución para los problemas de la educación en Estados Unidos: "Debemos despedir a los malos profesores". Una revista educativa le respondió poco después: la solución no es despedir a los malos, sino "apoyar a los buenos profesores".
Ambas propuestas son lógicas y necesarias, pero nosotros no aplicamos ninguna de las dos. En Uruguay -donde la religión es emparejar para abajo- ni se premia a los buenos, ni se echa a los malos. En realidad, como los sistemas de evaluación no son sistemáticos ni están bien organizados, ni siquiera sabemos bien cuáles son unos y cuáles son los otros. Averiguarlo sería un primer paso.

(*) El Instituto Nacional de Estadísticas mide el porcentaje de adultos que no terminó Secundaria considerando el universo de personas a partir de los 15 años. Pero, por su edad, es lógico que los que tienen entre 15 y 17 no hayan terminado el bachillerato. El porcentaje de adultos que no terminaron sexto entonces debe ser menos al 75% que indica la Encuesta de Hogares del INE.

14.1.11

El Uruguay devuelto

El escritor francés André Gide dijo: “Todas las cosas ya han sido dichas, pero como nadie escucha es necesario empezar de nuevo”.
Esto que voy a escribir ahora, ya lo escribí antes. Pero como sobre los abusos de los sindicatos de empleados públicos uruguayos todos miran para el costado, voy a decirlo de nuevo.
El director de la Biblioteca Nacional, el escritor Carlos Liscano, decidió usar ciertos fondos de su presupuesto para premiar a sus mejores funcionarios. Entregó entonces unas “compensaciones” de distinto valor, pero que promediaban los 2.000 pesos, a los empleados que más lo merecían. Para decidir quién debía recibir el premio y quién no, usó tres variables: asistencia, compromiso con la institución y el esfuerzo realizado en el trabajo.
Esto, que hubiera sido celebrado en cualquier empresa del mundo (que el jefe premie con un dinero extra al que trabaja más y mejor) provocó un terremoto en  la Biblioteca Nacional. El sindicato puso el grito en el cielo. Los dirigentes se enfurecieron. Tomaron medidas. ¡Cómo se iba a hacer un distingo entre los funcionarios! ¡Si había premio, tenía que ser lo mismo para cada uno!
Si alguien había trabajado mucho y bien, tenía que recibir la misma recompensa que la funcionaria que se fue de mochilera durante seis meses aprovechando una licencia sin goce de sueldo. Si alguien se había roto el lomo y había cumplido más allá de sus obligaciones, ese tenía que cobrar el mismo estímulo que el dirigente sindical que concurre a trabajar apenas dos días al mes.
Es la filosofía de la Vuelta Ciclista: si alguien se escapa del pelotón, todos rápidamente se organizan para perseguirlo, alcanzarlo e integrarlo nuevamente a la masa. Cuando eso ocurre, todos respiran aliviados.
Así funciona Uruguay. Así nos hemos ido transformando en un país enano.
Por suerte, el director Liscano no hizo caso al sindicato y repartió los premios según su criterio y no según el mandamiento sagrado oriental que obliga a emparejar todo hacia abajo, siempre.
Pero el karma uruguayo siempre se impone. Todos los empleados que habían recibido un premio fueron conminados por el sindicato a entregárselo a una comisión gremial que luego hizo las cuentas y repartió el dinero en cantidades iguales para todos, incluyendo a la mochilera y al dirigente sindical que nunca aparece en laburo.
Es lo de siempre. No hay que tomárselo a la tremenda. Es triste, pero la mayoría de los uruguayos piensa que así se deben hacer las cosas.
Pero los talibanes del culto al pelotón están desbocados. Ya no les alcanza ganar. Se sienten poderosos. Quieren más.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional, la licenciada Cristina Padnikian, fue entrevistada por el programa No toquen nada, en Océano FM. Fue en noviembre pero vale la pena recordarlo. Que yo sepa sus declaraciones no han tenido otra repercusión, pero de verdad lo merecen. Revelan hasta qué punto hemos llegado.
Dijo Padnikian respecto a la polémica:
“Se resolvió con éxito por parte de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional ya que más del 90% de las personas que recibieron compensaciones devolvieron el dinero a un bolsa común y se repartió en forma igualitaria. Quedaron solamente nueve personas fuera. Por resolución de asamblea se resolvió hablar con ellos para que devolvieran el dinero, si es que quieren. Y en el caso que no lo devuelvan, serían expulsados del sindicato. Pero tienen la posibilidad de resarcirse, ¿no?”.
Estas declaraciones, que pueden escucharse en la página web de la emisora, resultan tan reveladoras como indignantes.
Indigna, por supuesto, la presión de corte cuasi mafioso según la cual quien no entregue el dinero que legítimamente ganó será expulsado del sindicato, como si hubiera cometido algún delito.
Pero indignan también las palabras elegidas por Padnikian en su victorioso alegato. “Devolver”, un verbo que la sindicalista utilizó tres veces en su breve alocución, tiene varias acepciones en el diccionario, pero para este caso corresponde la siguiente:
"Devolver:  Restituir algo a quien lo tenía antes".
Cuando Padnikian dice: “más del 90% de las personas que recibieron compensaciones devolvieron el dinero a un bolsa común” equivoca las palabras.
Nadie devolvió nada allí. Si hubieran devuelto el dinero, se lo habrían devuelto al director Liscano, o al Estado, o al pueblo que con sus impuestos solventa a todos los que allí trabajan. Porque se devuelve algo al propietario, al que lo tenía antes.
El sindicato, no importa cuánto viento les infle la camiseta, no es el dueño del dinero de la Biblioteca, ni su depositario.
El dinero no les fue devuelto. Les fue entregado. Bajo presión, como Padnikian confiesa.
Cuando la gente es presionada por otra gente para entregar el dinero que le pertenece también hay palabras en el diccionario.
La sindicalista agregó en la citada entrevista que los nueve valientes que prefieren ser expulsados del paraíso sindical y ganarse fama de carneros antes que entregar lo que se ganaron en buena ley, todavía tienen tiempo para “devolver” el dinero al gremio. Todavía pueden “resarcirse”, dijo.
Resarcir según el diccionario quiere decir: “indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio”.
Entonces no. No pueden resarcirse ni resarcir a ninguna persona porque ellos no han dañado, ni agraviado a nadie. Solo recibieron un premio por hacer bien su trabajo. Lo que pueden hacer es ceder a la presión, claudicar, resignarse, someterse, rendirse, entregarse. Y dar su dinero a quienes los están amenazando.
Ojalá no lo hagan. Ojalá aguanten. Ojalá resistan. Porque vale la pena saber que el pelotón, la patota, todavía no nos ha ganado a todos.
Dicho sea de paso. Devolver tiene otro significado: vomitar.
Debe ser por eso.

Artículo de Leonardo Haberkorn
Prohibida su reproducción sin autorización del autor
el.informante.blog@gmail.com
Sobre este tema ver también "Suerte, Liscano":  http://leonardohaberkorn.blogspot.com/2010/10/suerte-liscano.html

6.12.10

Carta abierta a los señores de Adeom

Tengo una duda. Si el trabajo en la Intendencia es tan malo; si está tan mal remunerado; si los aumentos no son lo que ustedes quieren, ni lo que merecen; si la “recuperación salarial” que reclaman es lenta, es baja o es nula; si los horarios no sirven; si allí se desconocen sus derechos laborales; si prohibieron el sum para hacerse el tecito de la tarde, si ahora ni siquiera los dejan ocupar el hall municipal; si no les gusta trabajar con la basura o con el público o con los animales de zoológico; si prefieren pasar más horas en la rambla o en el bar con el presidente del sindicato; si ascender por antigüedad no les parece suficiente o acaso a alguno –no creo- le da un poquito de vergüenza; si en definitiva vuestro trabajo es malo, ruin y, según ustedes dicen, muy sacrificado y poco conveniente; un empleo con patrones políticos cuasi fascistas; una labor insalubre que la gente no reconoce y más bien desprecia; una tarea que no está nada bien remunerada para los enormes esfuerzos que nadie ve pero ustedes juran que realizan; una labor gris, agria, tediosa y hasta repulsiva; que no conviene, que no vale la pena y que ya no da para más; entonces, digo yo, mi duda es: ¿por qué no renuncian y se buscan otra cosa?
Miren que se puede.

el.informante.blog@gmail.com 

29.10.10

Suerte, Liscano

Sepultada entre las toneladas de artículos sobre la ley de caducidad, nadie parece haber reparado en una entrevista publicada dos viernes atrás en Brecha al director de la Biblioteca Nacional, el escritor Carlos Liscano.
El artículo, del periodista Roberto López Belloso, mueve al asombro primero y al alivio luego. Su origen está en el conflicto sindical que se vive en la Biblioteca con motivo de la decisión de Liscano de negarle a un grupo de funcionarios una compensación en dinero que el resto sí recibió por su “compromiso con la gestión”.
“Los que están más comprometidos con las tareas de la institución reciben una compensación económica, que es muy pequeña (en su mayor parte, inferior a los 2.000 pesos), pero que me parece estimulante, que señala un camino, una política: acá se compensa el compromiso con el trabajo”, explica el director en la entrevista.
El sindicato reclama que ese dinero se reparta en partes iguales entre todos los empleados, más allá de su rendimiento. "O se lo merece todo el mundo, o no lo cobra nadie", declara uno de sus dirigentes. Liscano se aferra a su criterio y sostiene que el gremio pretende (como es norma en el sindicalismo uruguayo), “un cogobierno donde compartiríamos los derechos pero no las responsabilidades”.
El asombro llega cuando Liscano cuenta algunos casos concretos. El sindicato quiere que una funcionaria que se fue seis meses de mochilera tras solicitar una licencia sin goce de sueldo reciba la partida por “compromiso con la gestión”. Liscano no.
El sindicato también quiere que le den la partida a Luis Bazzano, dirigente sindical, quien según el director faltó al trabajo 123 días en siete meses “o sea que faltó 17,15 días por mes. Como el mes tiene 20 días laborables, trabajó poco más de dos días por mes”.
Amparado en que es dirigente gremial y en las generosas leyes laborales, Bazzano trabaja doce horas por mes, lo mismo que muchos uruguayos trabajan en un solo día. Bazzano labora tres horas por semana. Y, claro, además quiere la compensación por compromiso con la institución.
El alivio viene luego, cuando Liscano, analiza esta situación y el reiterado choque de los privilegiados y poderosos sindicatos de empleados públicos con el actual gobierno de José Mujica.
“Creo que la izquierda está recibiendo una parte de su propia medicina. Esto pasó siempre, lo que pasa es que ahora le tocó a la izquierda. Antes la izquierda apoyaba cualquier conflicto, independientemente de la justicia o no de las reivindicaciones, o de si la medida era proporcionada al conflicto. Y los gobiernos blancos y colorados fueron cediendo. Acá tenemos gente trabajando cuatro horas por día, pero que tienen contrato por 40 horas semanales, así que en los hechos ganan el doble. Pero lo que pasó fue que cuando trabajaban ocho les bajaron a seis porque no se les podía aumentar el salario, después con otra reivindicación salarial les bajaron a cuatro horas, y ahora es un derecho adquirido. Todo eso ocurrió antes del año 2005. Ahora estamos recibiendo eso que nosotros mismos apoyamos”.
La "herencia maldita" al revés.
El periodista de Brecha siente el evidente mazazo de las palabras de Liscano y le dice:
-Para el pensamiento tradicional de izquierda, eso que está diciendo es muy duro.
Liscano responde:
-Sí, sí, es muy duro, pero es lo que yo pienso. Cuando yo he criticado a Sanguinetti, a Jorge Batlle, a los militares, no me estaba conteniendo.
Uno siente verdadero alivio de ver a alguien que desde el gobierno habla con honestidad y sin ese cinismo que hoy parece haber ganado a tantos dirigentes del Frente Amplio y a sus voceros, capaces hoy de los más inconcebibles saltos mortales con tal de defender lo indefendible. Hacen acordar a los peores tiempos del Foro Batllista.
“Yo no soy candidato a nada, no estoy haciendo carrera política”, dice Liscano en otro pasaje de la entrevista, que vale la pena leer completa. “A los 61 años no puedo estar jugando a que administro una cosa pero en realidad no la administro yo, sino que se administra sola o es coadministrada o cogestionada, y es algo que yo no puedo aceptar”.
Ojalá tenga mucha suerte.
Le va a hacer falta.

Artículo de Leonardo Haberkorn
Prohibida su reproducción sin autorización del autor.
Si quiere compartir, puede enviar este enlace: http://leonardohaberkorn.blogspot.com/2010/10/suerte-liscano.html
el.informante.blog@gmail.com

21.10.10

El Vaticano del Pepe

De la galera. De ahí sacó el presidente José Mujica la idea de designar 18 coordinadores de la Presidencia en cada departamento del interior. Mujica no propuso este proyecto en la campaña electoral, a pesar de que micrófonos le sobraron. Solo para el libro Pepe Coloquios, el hoy presidente concedió 14 entrevistas, 28 horas de grabación, todas sobre cómo sería su gobierno. Allí habló de todo y de todos, incluso lanzó su aspiración de dotar a la Fuerza Aérea de kamikazes. Pero en esa maratón de proyectos no hubo ni siquiera una mención al pasar, ni una línea, ni un renglón, a los 18 coordinadores de la Presidencia. Nada. Si el plan es tan bueno como se dice hoy, ¿para qué ocultárselo a la ciudadanía?
La iniciativa de crear un ejército de coordinadores de la Presidencia parte, qué paradoja, de un presidente que ha hecho de la austeridad una bandera de vida. La gente votó a Mujica con la certeza que bajo su Presidencia ni un peso sería malgastado. Mujica ha hablado una y mil veces, durante años, de la necesidad de achicar los gastos políticos del Estado. Él mismo planteó, por ejemplo, pasar a tener un Parlamento unicameral. Ahora que es presidente y tiene mayorías legislativas y puede hacer lo que tanto prometió, ¿ésta es su manera de achicar la burocracia política?
Choca también ver cómo un Mujica que se ha pasado la vida pregonando la necesidad de buscar puntos de encuentro entre todos los uruguayos se despacha ahora con un proyecto que va en sentido opuesto a uno de los muy pocos asuntos, quizás el único, en el cual estamos todos de acuerdo: tenemos demasiada burocracia. Es hora de achicarla –lo dicen todos, desde Fernández
Huidobro a De Posadas- no de agrandarla. Todos dimos por seguro que Mujica no iba a traicionar ese consenso.
Debido a la oposición que generó, el planteo ha sido rebajado en parte. Ahora se habla de que en lugar de 18 coordinadores departamentales serán “solo” seis y regionales. En eso se basa, por ejemplo, el sector de Jorge Larrañaga para apoyarlo.
Sin embargo, que sean 18 o seis no elimina todo lo anterior ni tampoco hace que la propuesta se transforme en buena. Que sean seis, 11 o 18 no cambia lo básico de este proyecto: es innecesario, superfluo, retrógrado, casi decimonónico. La gran idea del presidente Mujica habría sido útil en la época de los chasques. Pero desde la invención del teléfono dejó de tener sentido.
Gracias al poder enorme de la actual tecnología, tengo un amigo que desde Holanda, él solo, coordina equipos de trabajo en la India, Japón, Estados Unidos, Brasil, México y en otros sitios de Europa. Solo una vez por semana va a su oficina. El resto de los días hace el trabajo desde su casa, con su computadora. Eso hace que cada jornada gane dos horas más de productividad. Hace poco tuvo que venir a Uruguay por unos días. No pidió licencia. Continuó haciendo la misma labor de siempre, solo que desde Montevideo. Ése es el mundo de hoy. En cambio, esta onerosa partitura que se nos quiere imponer, música y letra de Mujica y arreglos de Larrañaga, es de la época de las vitrolas. Es un monumento al Uruguay del atraso.
El proyecto todavía se comprende menos cuando se sabe que la mayor parte de los ministerios ya tiene sus coordinadores departamentales. Están todos reunidos en pequeñas ciudades y son incapaces de coordinar entre ellos. ¡Y la gran solución es crear más cargos en lugar de hacer funcionar bien a los
que ya existen!

***

Lo peor es que, visto desde una perspectiva más amplia, el asunto es aún más preocupante.
El presupuesto nacional que se está discutiendo no solo impone a los coordinadores presidenciales, sino que crea decenas de otros nuevos cargos de confianza política, unos 60 en total según informó la prensa. También elimina una reforma concretada en el gobierno de Tabaré Vázquez por la cual se habían creado unos puestos de “alta especialización” en el Estado –cargos de confianza que debían ser ocupados por técnicos y especialistas de capacidad probada. Estos puestos son ahora transformados lisa y llanamente en cargos de confianza política: auditor interno de la Nación, director de la Propiedad Industrial, director del Museo Histórico Nacional, director técnico del Instituto Nacional de Estadística, inspector general de Trabajo, director técnico de Energía, director de Catastro y director de Pequeña y Mediana Empresa.
Quienes asuman en estas tareas ya no tendrán que exhibir ninguna idoneidad en la materia. Es una resolución curiosa en un presidente que ha repetido muchas veces que necesitamos un estado moderno.
Como ya sucedió con los ocho alcaldes de Montevideo, la mayor parte de estos nuevos cargos serán adjudicados a militantes del MPP. Todos ellos, en especial los delegados del presidente, serán agraciados con sueldos altos y beneficios generosos. Los ocho alcaldes de Montevideo recibieron una retribución de 80.000 pesos mensuales (¡uno de ellos se votó su propio salario en la Junta Departamental!). Si eso es lo que gana un simple alcalde barrial derrotado por el voto en blanco, más vale no imaginar cuánto nos costará cada delegado regional del mismísimo presidente de la República.
Pero los nuevos cargos de confianza política no se llevarán a su casa 80.000 ni 120.000 pesos. Agitando nuevamente la bandera de la austeridad, el MPP tiene topeada la cantidad de dinero que pueden cobrar sus integrantes que ocupan cargos de confianza. Sólo pueden quedarse con 37.000 pesos. El resto va para el propio MPP. Así, cada mes que pasa, este sector político recibe una fortuna, miles y miles de dólares, provenientes de los sueldos de sus cada vez más números cuadros de confianza. Si Mujica es el nuevo Jesús de los pobres como pretenden algunos, el MPP es el Vaticano: lleno de poder y dinero.
La voracidad del MPP parece no tener fin. Aunque el sector niega haber tenido parte en esta decisión, es imposible no asociar la reciente remoción de veinte directores de hospitales y su sustitución, en algunos casos, por enfermeros y militantes sindicales. ¿De qué partido serán?
Los aportes partidarios son la pasta base de la política: siempre se necesita más.
Todo esto no es original. Todo esto ya lo hizo antes el PT en Brasil. Es la receta del éxito, la que permite ganar una elección tras otra. Se copa el Estado. Se multiplican los cargos de confianza. Se designa a los correligionarios. Se les topea el sueldo. El partido absorbe la mayor parte de esos ingresos. El partido se enriquece, acumula un tesoro que se maneja a discrecionalidad pensando siempre en cómo ganar la siguiente elección. Y se gana. Dilma Rousseff le lleva millones de dólares de ventaja a José Serra en cuanto a gastos de campaña.
El esquema, además del peso brutal que supone para todos los ciudadanos, disimulado en estos años de bonanza económica, tiene un talón de Aquiles: la corrupción. En Brasil todo el dinero “caja dos” se ha usado para las mayores chanchadas, incluyendo la compra de votos en el Parlamento. Y todos los escándalos de corrupción del gobierno de Lula, que darían para llenar varias páginas, fueron protagonizados por cargos de confianza política, amables donantes de buena parte de su sueldo al partido. (El PT toma de cada uno un porcentaje preestablecido según el monto de su salario).
Nuestra fiesta no tiene nada de original.
Y tampoco es tan nueva o tan rara. A decir verdad, ya habíamos vivido antes cosas parecidas.
Solo que el presidente Mujica se pasó una década pregonando otra cosa.

el.informante.blog@gmail.com
Sobre el mismo tema: http://leonardohaberkorn.blogspot.com/2010/09/la-pasta-base-de-la-politica.html

22.9.10

Julio Bocca tiene que entender

El presidente de COFE, el sindicato de empleados públicos de la administración central, un señor llamado Pablo Cabrera, habló de Julio Bocca, un artista de fama mundial que hoy, porque los milagros existen, es director del ballet del Sodre.
Según leo en El Observador, Cabrera dijo: “Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero antes Bocca tendría que entender cómo es el manejo sindical en Uruguay y entender que se debe ceñir a las reglas que hay acá”.
Quiere decir: si Bocca fuera uno más, un cualquiera, otro mediocre, uno de esos ciclistas que nunca salió del pelotón, uno de esos tipos a los que no les importa si su trabajo sale bien o sale mal pero siempre respeta los paros, otro inútil prendido de la teta del Estado, un desgraciado que no está conforme ni con su empleo, ni con su sueldo, ni con su horario, pero es cobarde y protesta porque no tiene el coraje de renunciar y procurarse otro laburo, si Julio Bocca fuera uno más de esos, de los que hay muchos en COFE, de los miles que paran cada vez que manda el PIT-CNT sobre todo cuando toca un fin de semana largo, si fuera otro oscuro funcionario atornillado a su cargo de por vida, inamovible salvo que el Senado se reúna en sesión secreta, si su máxima aspiración fuera ascender por antigüedad, uno de esos que se escuda en un sindicato que lo defiende incluso cuando lo filman regalando mercadería de la empresa, entonces, si Julio Bocca fuera uno más de estos, un uruguayo con todas las de la ley, si entendiera cómo funcionan las cosas acá, entonces no habría ningún problema.
A veces, qué ganas de vivir lejos.


Artículo de Leonardo Haberkorn
el.informante.blog@gmail.com

25.8.10

Yo sé que hay temas más importantes

El 11 de noviembre de 2009 tuve un pequeño problema de salud y estuve tres días internado. Luego me enviaron a mi casa con la consigna de pasar una semana en reposo, sin ir a trabajar. En esas jornadas de descanso obligado aproveché para hacer muchas cosas postergadas. Una de ellas fue reclamar a la Intendencia de Canelones por el alumbrado de mi calle, que llevaba semanas en la más absoluta oscuridad porque los tres focos habían dejado de funcionar ya desde antes de mi internación.
Le hice el reclamo a W., un amable funcionario que atendía el teléfono en la sección de alumbrado público y siempre se disculpaba por las inexplicables demoras de la Intendencia de Canelones en arreglar algo tan sencillo como unos focos.
Han pasado casi diez meses de mi reclamo. En ese lapso el 2009 se fue y vino el 2010, se celebró la segunda vuelta de las elecciones nacionales, Mujica fue electo presidente del Uruguay, Lacalle tuvo que archivar su motosierra, Bordaberry se adueñó del Partido Colorado, el misterioso Saúl Feldman se hizo matar en su casa en Shangrilá con su arsenal y sus secretos a cuestas, hubo elecciones municipales y ganó una Heladera, un terrible terremoto destruyó Haití y luego otro se ensañó con Chile, Peñarol volvió a salir campeón uruguayo, Mujica asumió la presidencia, Calamaro cantó en el Velódromo, robaron a mi vecina de enfrente y luego a la de la esquina, Uruguay salió cuarto en una Copa del Mundo, Forlán ganó el Botín de Oro, los piqueteros de Gualeguaychú desalojaron el puente, estalló un escándalo de corrupción en la Armada, los Peirano quedaron libres de toda culpa (Gracias Gonzalo), el Inter de Porto Alegre salió campeón de la Libertadores, se confirmó que los Pixies actuarán en Montevideo, nos enchufaron el sistema de alcaldes y al hijo de Sonia Breccia, se publicaron dos grandes libros de Jorge Burel y Marcello Figueredo, la selección de básquetbol clasificó a los Panamericanos, Santos ganó las elecciones en Colombia, Natalia Oreiro se suicidó artísticamente en un aviso de tv, Nadal volvió a ser el número uno del tenis del mundo y Obama comenzó a retirar a sus tropas de Irak.
En ese lapso, yo pagué casi diez meses de alumbrado público. Carámbula fue reelecto intendente de Canelones. Y W. – el amable funcionario municipal que recibía mis reclamos- ya no atiende más el teléfono. Murió.
Todo eso ocurrió y muchas cosas más también. El mundo entero cambió.
Pero hay dos cosas que permanecen invariables. Una es la desvergüenza -lindante con el delito- de la Intendencia de Canelones, que cobra por servicios que no presta. La otra es mi calle. Siempre a oscuras.


8.6.09

Whisky Ancap: una metáfora del desarrollo latinoamericano

Hace cien años que el estado uruguayo se propuso inventar un carburante nacional en base a alcohol. Nunca lo logró y en su lugar terminó fabricando whisky.

"Una manga de ladrones del primero hasta el último". En aquella entrevista que se hizo famosa en 2002 por aquel exabrupto luego enjuagado en lágrimas, el entonces presidente de Uruguay Jorge Batlle también dijo otra cosa: no podía ser que el Estado uruguayo perdiera millones de dólares por fabricar whisky.
Ese año el déficit fue de 2,7 millones de dólares.
La historia de cómo el Estado oriental llegó a tener su propio whisky es toda una metáfora del desarrollo al estilo latinoamericano. En ella se destilan tres ingredientes principales: los vaporosos anhelos de un presidente que soñó con que Uruguay tuviera un combustible propio, el brazo todopoderoso de las multinacionales del petróleo y el gusto por el whisky que distingue a los uruguayos.

Movido a alcohol

Todo comenzó casi cien años atrás, cuando el presidente era el tío abuelo del explosivo Jorge Batlle.
José Batlle y Ordóñez, el más influyente de los gobernantes uruguayos, creía que el alcohol sería el combustible del futuro. Pensaba que sustituiría al petróleo. Soñaba con un "carburante nacional" que le diera independencia económica al Uruguay.
En 1912 creó el Instituto de Química industrial, una dependencia estatal a la que le encomendó desarrollar un combustible en base a alcohol. La misión era clave para un país que hasta hoy nunca encontró una gota de petróleo propio.
Entrevistada en su escritorio de la Facultad de Humanidades de Montevideo, la historiadora María Laura Martínez relató que en 1917 se comenzaron a hacer pruebas de diversos combustibles que mezclaban alcohol y nafta, y ya en 1923 se consiguió fabricar uno que funcionaba. Ese año se hicieron diversos ensayos exitosos: el auto del propio presidente Batlle y Ordóñez, un Renault, y los de otros importantes políticos (un Buick, un Ford y un Studebaker) fueron movidos con un carburante local que mezclaba alcohol y nafta en mitades.
Sin embargo, cuando el éxito estaba al alcance de la mano, las experiencias se suspendieron. La historiadora Martínez dice: "El proceso se diluyó a pesar de que los resultados parecían haber sido satisfactorios".

Una idea brillante

En 1931, Batlle y Ordóñez (que había fallecido en 1929) tuvo más suerte con otro de sus sueños. Ese año se creó Ancap, una empresa estatal a la que se le confiaron tres monopolios: la refinación de petróleo, la destilación de alcohol y la elaboración de portland.
Que el Estado tuviera el monopolio alcoholero era un viejo sueño de Batlle y Ordóñez, quien creía con enorme entusiasmo en las virtudes de las empresas públicas. Pretendía que las ganancias del negocio no escaparan al exterior, y también mejorar el precio que se le pagaba a los agricultores por los cultivos empleados para hacer alcohol.
Cuando se creó Ancap, se le volvió a encomendar que desarrollara un combustible uruguayo que, basándose en el alcohol, fuera capaz de sustituir al petróleo.
Como esas investigaciones se suponían caras y deficitarias, se tuvo una idea explosiva: que Ancap fabricara bebidas alcohólicas cuya venta dejara ganancias que permitieran financiar el desarrollo del carburante nacional.
El tema se discutió en el Parlamento. El entonces diputado y futuro presidente Luis Batlle Berres (sobrino de Batlle y Ordóñez, padre de un niño llamado Jorge Batlle) dijo en la Cámara que había que apostar al alcohol, "un combustible líquido cuya producción depende únicamente de la capacidad agrícola del país".
Pero el diputado socialista Emilio Frugoni exhibió su temor de que el alcoholismo -ese "terrible flagelo social"- se propagara como consecuencia de que el Estado fabricara y promocionara sus propias bebidas alcohólicas.
A Frugoni le respondió el diputado Arturo González Vidart: con el Estado controlando la industria alcoholera, se podría llevar al público a una "evolución de las costumbres" en el beber. El Estado haría que los orientales comenzaran a tomar más vino, cerveza y jugos de fruta "en lugar de líquidos destilados de alta graduación alcohólica".

Carburante no, whisky

Una parte del plan se cumplió a la perfección. En 1932 Ancap ya estaba fabricando sus propias bebidas alcohólicas. Se empezó por la grapa. En 1934 se sumó la caña. Las bebidas eran de buena calidad, una novedad en el mercado uruguayo. En 1936 ya se fabricaba toda la caña y la grapa que se consumían en el país y hasta se exportó a la Argentina.
Pero la segunda parte del plan se olvidó por completo. La historiadora Martínez, que ha estudiado el asunto, explicó que Ancap nunca intentó desarrollar un combustible basado en el alcohol. En 1939, el gobierno intervino la empresa y el interventor, el coronel José Trabal, fue categórico en su dictamen: "Ni siquiera se ha estudiado jamás, con alguna base seria, el problema vital del Carburante Nacional". Trabal, según recoge Martínez en sus investigaciones, acusó a Ancap de haber "defraudado el interés nacional".
Pero la intervención de Trabal concluyó y nada cambió. Ancap siguió importando petróleo y refinándolo, repartiéndose el mercado con las grandes empresas petroleras, con las cuales había firmado acuerdos secretos. "Uno tiene que ser cuidadoso con las conclusiones que saca, pero yo creo que aquí hubo un problema de intereses", dice la historiadora.
En 1942, el gobierno volvió a reclamarle a Ancap que hiciera un carburante nacional en base a alcohol porque el petróleo escaseaba como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero el entonces gerente general de la compañía, Carlos Vegh Garzón, consideró que no valía la pena. Sus excusas se revelan hoy como falsas para el análisis histórico. Dijo que faltaba materia prima, pero bien se podía plantar más cereales o comprarle maíz a la Argentina, que tenía grandes excedentes que vendía a bajo precio.
"A uno le queda la sensación de que siempre hubo un entramado de intereses que no dejaron que el carburante nacional funcionara", insiste la historiadora Martínez.
En aquellos años un uruguayo llamado Alejandro Muzzolón había inventado un carburador especialmente diseñado para funcionar con una mezcla de alcohol y nafta. Este ingenio fue probado con éxito, pero nunca pudo ser fabricado en serie debido a la oposición de las petroleras y la desidia de las autoridades uruguayas. Muzzolón escribió un libro contando su pesadilla. Allí narra que un jerarca de Ancap le confió una vez: "No podemos hablar del alcohol carburante porque es mala palabra".
En cambio, lo que nunca se detuvo fue la fabricación de bebidas alcohólicas. Convertida ya en un fin en sí misma y sin ninguna vinculación con el olvidado carburante nacional, la producción siguió adelante.

Whisky sanitario

La tercera parte del plan tampoco salió del todo bien. Si bien el estándar de calidad que se fijó Ancap ayudó a que la producción local de licores mejorara, el Estado no logró que los uruguayos bajaran su alto consumo de bebidas de alta graduación alcohólica, whisky en particular, un hábito que aún hoy continúa.
Hoy se bebe más whisky en Uruguay que en cualquier otro país del Cono Sur. En América del Sur, los uruguayos solo son superados por Colombia y Venezuela, que hoy compite por el primer puesto en todo el mundo.
En promedio cada uruguayo toma bastante más de un litro de whisky por año. El país tiene tres millones de habitantes y en 2008 se vendieron 4,4 millones de litros de whisky en almacenes, autoservicios, supermercados y bares en localidades de más de 5.000 habitantes, dijo Gustavo Rodríguez, de la consultora Id Retail, que monitorea el mercado de bebidas espirituosas.
Pero Rodríguez explicó que el consumo real es aún mayor, porque estas cifras no toman en cuenta lo que se vende en los free shops de las localidades fronterizas, como el Chuy. Estas tiendas tienen prohibido vender a los uruguayos, pero lo hacen en forma habitual. "Y por cada botella que se vende en un bar o un supermercado, se venden diez en los free shops", dice Rodríguez.
Este altísimo consumo de whisky tiene una explicación lógica según Celso Domínguez, propietario de la licorería Los Domínguez, la más tradicional de Montevideo.
"Las bebidas alcohólicas que se fabricaban en Uruguay siempre fueron de muy mala calidad, insalubres en muchos casos. El vino era malo, artificial. Los padres y los abuelos de los bodegueros que hoy ganan medallas iban presos dos por tres por las chanchadas que se mandaban", relata. "Entonces, ante ese panorama, el público se refugió históricamente en el whisky importado".
Por eso, el consumo de whisky en Uruguay es mucho mayor que en el resto de los países de la región. "En Argentina –continúa Domínguez- siempre hubo buen vino, buena ginebra, buen fernet, por eso el consumo de whisky siempre fue mucho más bajo".
Con ese panorama, no fue raro que Ancap comenzara a fabricar whisky, además de caña, grapa y cognac. La primera partida se vendió en 1946. (Un par de años más tarde también se comenzó a producir ron).
Hubo algunas críticas, pero la empresa siguió adelante. Silvio Moltedo, vicepresidente de la compañía en 1953, dijo entonces: "A veces se toma el término de ‘bebidas destiladas’ como una mala palabra para la institución, pero debemos hablar claro. Si la Ancap no fabrica bebidas destiladas, las bebidas destiladas vienen del extranjero y se venden dentro del país, y si no vienen del extranjero por la aduana, vienen de contrabando, sin tener más finalidad que la del lucro. Por el contrario, si las bebidas destiladas las hacemos desde el Estado, tienen como finalidad básica y primordial que (…) sean higiénicas porque nos interesa primero la salud del consumidor y después evitar que haya fuga de divisas".
En aquellos años de vacas gordas, la fabricación de brebajes alcohólicos estatales no era una rareza: era la expresión de un modelo que veía al Estado participando en toda actividad económica. El hoy diputado del Frente Amplio Juan José Bentancor trabajó décadas en la refinería de petróleo de Ancap. "Fabricar whisky hoy puede parecer exótico, pero para nosotros no lo era. Ancap tenía también una estupenda bodega que hacía vinos y hasta una zapatería que nos reparaba el calzado a todos los empleados".

Partidas distintas

La aparición de un whisky barato y condiciones sanitarias garantizadas por el Estado fue un éxito comercial y las ventas crecieron: de 3.000 litros en 1960 se pasó a 332.000 en 1970.
Había dos marcas: el Añejo se hacía con maltas uruguayas, el Mac Pay con escocesas.
No era fácil hacer whisky en una dependencia del Estado. Respetando las normas que rigen a la administración pública, las maltas escocesas usadas para elaborar el Mac Pay se importaban mediante licitaciones a quien ofrecía el mejor precio en cada ocasión.
"Eso hacía que tuviéramos muchos altibajos, no lográbamos la uniformidad del producto, las partidas no eran todas iguales", recuerda Ricardo Petrone, quien trabajó en la fábrica entre 1983 y 2008, primero como gerente de comercialización, luego como gerente general.
Petrone recordó que en los años 80 se firmó un acuerdo con una firma escocesa para que siempre proveyera a Ancap de la misma malta para hacer el Mac Pay. La calidad del producto se uniformizó y mejoró. Las ventas en 1988 llegaron al récord de 2.076.000 litros. "Pero –recuerda Petrone- teníamos unos líos tremendos con el Tribunal de Cuentas, que pretendía que volviéramos a comprar por licitación".
Para ese entonces, el whisky ya había superado a la grapa y a la caña, y se había transformado en la bebida alcohólica más vendida por Ancap. El Mac Pay llegó a ser líder del mercado.
"No es un mal whisky, su calidad es aceptable, e incluso es mejor que los escoceses más baratos", dice Celso Domínguez. "Pero la marca se impuso como líder gracias a una campaña publicitaria muy intensa y muy costosa, que pagamos todos los uruguayos con el precio de nafta de Ancap". En la voz todavía se le nota un poco de bronca.

Caipirinha estatal

El orgullo de ser el número uno no duró mucho. En los años 90 pasaron muchas cosas: el precio del dólar bajó y los whiskys escoceses se hicieron más accesibles; se crearon los free shops en la frontera; otras marcas uruguayas irrumpieron en el mercado; el Mercosur hizo que el whisky argentino Criadores entrara a Uruguay con arancel cero. Cada uno de esos factores jugó en contra y la fábrica estatal de bebidas alcohólicas comenzó a dar pérdidas.
En un intento por recuperar terreno, la compañía apeló al marketing: la grapa Ancap fue rebautizada San Remo y la caña pasó a llamarse "de los Treinta y Tres". Además, Ancap lanzó al mercado nuevos productos, como Bella Flor, con seguridad la única caipirinha estatal del mundo.
Pero los números siguieron siendo rojos. En 2002, cuando Jorge Batlle era presidente y la crisis económica puso al Uruguay al borde de la bancarrota, la fábrica de bebidas alcohólicas fue separada de Ancap y con el nombre de CABA (Compañía Ancap de Bebidas y Alcoholes) pasó a ser administrada por el derecho privado. No fue, sin embargo, una privatización ya que Ancap conservó el 100% de las acciones.
"Lo hicimos para aumentar la eficiencia", dice Pablo Abdala, entonces integrante del directorio de Ancap y hoy diputado del opositor Partido Nacional. "Además relanzamos al Mac Pay con una campaña publicitaria que anduvo bárbaro. Nos ayudó mucho que el dólar había subido mucho y encarecía mucho a los whiskys escoceses. Dejamos de dar pérdidas y hasta tuvimos alguna ganancia".
Pero en los últimos dos años el dólar volvió a bajar y los whiskys importados recuperaron terreno. Hoy, según la consultora Id Retail, Ancap retiene apenas el 8% del mercado whiskero uruguayo. Son unos 350.000 litros anuales, una sexta parte de lo que se llegó a vender en los años 80. Según Domínguez, la mayor parte de los actuales clientes de Mac Pay son bebedores que han visto caer sus ingresos y "tienen que bajar un cambio".
Petrone, el ex gerente general, se siente muy orgulloso de la calidad de cognac Juanicó que fabrica Ancap, una bebida a la que considera de primer nivel en cualquier lugar del mundo. El Mac Pay, en cambio, le parece un producto correcto y "competitivo". Sabe que cuando se creó Ancap la idea era destinar las ganancias que dieran las bebidas para financiar el elusivo carburante nacional. "Pero el propio devenir de las cosas fue modificando ese propósito. Es muy difícil obtener fondos con el margen que dejan unas bebidas que están en el mercado y deben competir con otras marcas".
"¿Este tema le interesa a alguien?, pregunta a través de su celular el presidente de la empresa, Raúl Sendic (hijo del fallecido líder tupamaro de igual nombre). Le asombra que un periodista lo interrogue por la fábrica de bebidas alcohólicas. De todos los negocios que tiene Ancap, explica, CABA es el menor. En una época trabajaron en esa dependencia casi 1.200 personas, hoy quedan apenas 60.
Pero Sendic asegura no hay intenciones de cerrar ni de vender la fábrica. "Hemos logrado estabilizarla. Venía dando pérdidas, pero el año pasado dio un pequeño superávit. Nuestro plan es seguir adelante, sin grandes inversiones".
Para el presidente de Ancap el esfuerzo por introducir un 5% de alcohol en la nafta que se vende en Uruguay es un asunto más interesante que los avatares de la pequeña fábrica de whisky.
Hace mucho tiempo que un tema dejó de estar relacionado con el otro. Para bien o para mal, Ancap ya sabe que puede fabricar whisky. Lo del alcohol carburante, en cambio, hace un siglo que está por verse

Reportaje de Leonardo Haberkorn publicado el domingo 12 de abril de 2009 en la revista C, suplemento dominical del diario Critica de Buenos Aires, y en la edición de mayo del mismo año de la revista uruguaya Bla. Incluido en el libro Historias uruguayas

Historias uruguayas, libro de Leonardo Haberkorn
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18.11.07

El apartheid uruguayo

En Uruguay rige el apartheid, un sistema legal oprobioso que discrimina a los ciudadanos en dos categorías, una –privilegiada- con más derechos que la otra, que es explotada en beneficio de la primera.
Tenemos un apartheid como el que tuvo Sudáfrica, sólo que acá los ciudadanos de segunda no son los negros.
Lo percibí con claridad en un seminario sobre políticas demográficas que organizaron el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Rumbos.
Estaba exponiendo la socióloga y demógrafa Carmen Varela. Su presentación se centraba en cómo en Uruguay existen pocos estímulos y casi ninguna asistencia para quienes deciden tener hijos.
Varela hablaba de la licencia maternal. Las mujeres embarazadas tienen 12 semanas, la mitad antes del parto y la otra mitad después. Pero hay un detalle: tras la licencia, las empleadas públicas tienen el derecho a optar por trabajar medio horario hasta que el niño cumpla los seis meses de edad. Las empleadas privadas no: una vez finalizada la licencia maternal, tienen que volver a cumplir con su horario completo, sin alternativas.
Yo pensé que en un país cuya Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, el dato tirado sobre la mesa por Varela provocaría un escándalo. Pero no fue así. A mi lado, la senadora socialista Mónica Xavier seguía tomando apuntes con calma y el diputado colorado Washington Abdala, que llegó tarde y quizás se perdió ese detalle, permanecía atento a los mensajes que llegaban a su celular.
Varela continuó y marcó otro punto de nuestro sistema de apartheid. Si un empleado público tiene un hijo, la ley le otorga tres días para faltar al trabajo y estar junto a su familia. Pero si un empleado privado tiene un hijo, la ley no le otorga nada y no puede ausentarse ni cinco minutos de su empleo.
La Constitución miente. No somos iguales. Hay madres clase A y madres clase B. Padres clase A y padres clase B. ¿No era así el apartheid?
Miré a mi alrededor, pero este tema no parecía preocupar a nadie. Pensé que quizás las demógrafas Adella Pellegrino y Wanda Cabella, ambas presentes, dirían algo. Porque ellas han publicado un muy completo informe sobre la emigración que muestra como la gente se sigue escapando del Uruguay tanto o más que en 2002, más allá de los cantos de sirena del ministro Astori. El estudio de Pellegrino y Cabella revela que en los empleados privados la tendencia a emigrar es mayor que en los públicos. Es lógico: a nadie le gusta ser ciudadano clase B en un sistema de apartheid. Pero las demógrafas no dijeron nada al respecto. Las dos pidieron la palabra, pero hablaron sobre otros temas. En Uruguay hay asuntos más importantes que el simple hecho de que unos ciudadanos tengan más derechos que otros.
Volví a observar a la concurrencia. En la sala había parlamentarios, docentes e investigadores de la Universidad de la República, economistas del Instituto Nacional de Estadísticas, funcionarios del Banco de Previsión Social. Me pareció ser el único empleado privado y comencé a sentirme mal. Afuera había una mesita para servirse café, igual que cuando te sacan sangre.
Pidió la palabra Elvira Domínguez, integrante de la dirección del BPS en representación de los empresarios. Dijo que si alguien pensaba sancionar leyes que otorgaran más beneficios a las familias con hijos (algo que le parecía justo), por favor cuidara de no gravar más al sector privado, cuya capacidad de contribución está al límite.
Luego Domínguez puso las cifras crudas del apartheid sobre la mesa: según datos oficiales del BPS, el sueldo promedio de un empleado público (administración central, empresas públicas y municipios) es de 15.624 pesos. El de los trabajadores privados es 8.129.
En ese momento alguien debió pararse y gritar: ¡Abajo el sistema de castas! ¡Abajo el apartheid! ¡No a la explotación del hombre por el hombre! ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¡Igualdad! Pero nadie dijo nada. La senadora Xavier continuaba tomando apuntes, Abdala seguía mirando su celular. Los demás cambiaron rápido de tema. ¿No tendré algún antepasado Haberkorn nacido en España?
He comenzado a recopilar más información sobre nuestro sistema de segregación legal con el objetivo de pedir asilo político en alguna embajada extranjera. Los datos están todos allí, en las páginas oficiales de internet de los ministerios y organismos públicos.
Los empleados públicos ganan más y trabajan menos. Lo normal es que trabajen 40 horas por semana. En los privados lo normal es 48. A los empleados de UTE que cumplen 48 horas de trabajo semanales se les paga un 20% de sobresueldo por el esfuerzo.
Los funcionarios públicos no sólo cobran más y trabajan menos, también padecen riesgos menores: el trabajo precario, las rebajas salariales, el seguro de paro y el desempleo no existen para ellos.
La lista de privilegios de los que gozan es mucho más extensa que lo mencionado en el seminario. Para empezar: la demógrafa Varela cometió un error en su exposición: no todas las mujeres embarazadas tienen 12 semanas de licencia maternal. Las empleadas públicas tienen 13. Al parecer los mecanismos biológicos de las mujeres son diferentes según el lugar donde trabajen.
En cuanto a las licencias por enfermedad, la discriminación contra los empleados privados alcanza grados de escándalo. Si un empleado público se enferma, cada día de licencia médica lo cobra igual que si hubiese trabajado. En cambio, cuando un privado tiene licencia médica, apenas cobra el 70%. Los trabajadores públicos cobran el sueldo todos los días que están enfermos. Los trabajadores privados no cobran nada por los tres primeros días que están en cama. Los trabajadores públicos enfermos cobran el 100% de su sueldo, no importa cuanto ganen. Si uno de los 100 gerentes de Antel con un sueldo de 70.000 pesos falta por enfermedad, el seguro le cubrirá el 100% de su salario. Pero los trabajadores privados tienen topeado este beneficio: aunque ganen mucho, solo pueden cobrar unos 5.000 pesos. Es evidente que en Uruguay, más allá de toda la cháchara igualitaria, la salud de algunas personas vale más que la de otras.
Los trabajadores públicos tienen un nivel de estudios superior al de los privados: el apartheid uruguayo se los garantiza, ya que ellos tienen derecho a 30 días de licencia extras para preparar exámenes. Un trabajador privado solo tiene derecho a que su patrón lo eche si se le ocurre faltar para dar un examen.
Los trabajadores públicos no trabajan los feriados laborables. Si se casan tienen 15 días de licencia. Si se les muere un familiar cercano tienen diez días de licencia por duelo con goce de sueldo. Si deciden iniciar su trámite jubilatorio tienen 30 días de licencia con goce de sueldo para hacer el papeleo con mayor comodidad.
Muchos funcionarios públicos cobran primas por hogar constituido y en las empresas públicas reciben pagos extraordinarios si se casan y cuando tienen un hijo.
La licencia anual de los empleados públicos es mayor que la de los privados. El trabajador privado tiene un descanso de 20 días corridos sin contar los domingos. En cambio un trabajador público tiene 20 días corridos, sin contar los domingos, los sábados y los feriados laborables.
La lista sigue. Es larga. Es oprobiosa. Clase A y clase B. No hay derecho a preguntarse luego por qué decenas de miles de jóvenes uruguayos tienen como máxima ambición en su vida la de ser auxiliares de suplentes en la lavandería del Banco de Seguros del Estado. Los que salen sorteados se quedan a disfrutar de su puestito clase A en nuestro apartheid clase Z. Los que pierden se van a España.
Tenemos el país que hemos fabricado. Astori puede seguir cantando sus maravillas (como todos los ministros de Economía mientras a Argentina le va bien) y los publicistas pueden seguir haciendo avisos diciendo lo lindo que es ser uruguayo, tomar mate y caminar por la rambla. La verdad es que nadie quiere quedarse acá para verlo.
Mario Benedetti, el intelectual que sin duda más sabe de empleados públicos, dijo dos cosas al respecto.
La primera es que Uruguay es la única oficina del mundo que alcanzó la categoría de República. La segunda es que, dado su abrumador número, sólo los empleados públicos podrían hacer una revolución en Uruguay.
La primera afirmación es meridianamente cierta. La segunda es muy ingenua y equivocada: los empleados públicos jamás harán una revolución porque no la necesitan. Tienen el mando. Tienen la ley. Tienen el poder.
Los trabajadores privados tenemos menos: un poco de rabia, cansancio y el pasaporte.

Publicado por Leonardo Haberkorn en el diario Plan B, viernes 9 de noviembre de 2007

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