13.6.17

El efecto Tarmezano

Laura Tarmezano tenía 28 años y la asesinaron el 11 de mayo, delante de su hijo de 6 años y de dos amigos.
“¿Qué hacés, ñery? Esto te pasa por alcahueta”, le dijo su matador antes de dispararle en la cabeza.
Tarmezano había declarado como testigo ante el Poder Judicial por el homicidio de un hombre de 24 años, al que habían matado el 4 de abril y que apareció semienterrado en la zona de la Cachimba del Piojo.
Por eso, había pedido que le pusieran protección policial. El juez de la causa accedió, pero cuando la mataron la custodia policial no estaba: había desaparecido.
El ministro Eduardo Bonomi y el juez Ricardo Míguez dieron versiones opuestas y contradictoras respecto a las razones por las cuales Tarmezano estaba desprotegida cuando llegaron a matarla.
Bonomi dijo que no tenía custodia porque se había mudado. La familia de la víctima lo negó. Ahora reclaman 200.000 dólares del estado, que no les devolverán a Laura y que no pagarán ni Bonomi, ni Míguez, ni ningún otro jerarca. Pagaremos nosotros, como ocurre con todos los juicios que el estado pierde todo el tiempo por la ineptitud y la desidia de sus funcionarios.
Pero eso no es lo más grave. Lo más grave lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak:
"La posibilidad de que el Estado efectivamente asegure la integridad física de quienes sean testigos en hechos protagonizados por personas vinculadas a bandas de narcomenudeo o al crimen organizado, es el resorte indispensable para motivarlas a declarar. Si no podemos asegurar su integridad física, lo más probable es que desestimulemos que se quiera declarar o hacer reconocimientos en audiencia por miedo a sufrir represalias".
Lo que dijo Chediak es cierto, pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Tarde para Tarmezano por lo menos. Y quizás tarde para el Uruguay también.
El 17 de mayo hinchas de Cerro dispararon contra el director técnico e hirieron a otro funcionario de Rampla Juniors.
Las actuaciones judiciales quedaron estancadas porque  a pesar de que había mucha gente presente cuando el atentado, nadie vio nada.
El abogado de Rampla Juniors dijo que todo se debía a lo que podríamos llamar el efecto Tarmezano: “Hay mucho temor en los testigos”.
Un día antes de las declaraciones del abogado, en el atardecer de San José, asesinaron en la calle a Susana Odriozola, una alguacil de la justicia, hermana de una jueza penal.
Da la casualidad que la jueza María Noel Odriozola había procesado en agosto a tres personas por un asesinato cometido en una guerra entre bandas de narcotraficantes.
La urgencia de las autoridades por determinar que la alguacil fue asesinada por “una rapiña fallida” no hizo más que acrecentar las dudas.
La versión oficial dice que a Odriozola la mataron porque se habría resistido a ser robada, que el asesino la mató para poder consumar su asalto. Pero, curiosamente, una vez que le disparó no se llevó nada: ni el teléfono, ni la cartera. La mató y se fue.
El Ministerio del Interior dijo que el homicida solo tenía antecedentes por delitos menores. Sin embargo, periodistas de San José han difundido su prontuario, en el que consta que también fue procesado por balear a una persona en un bar, y fue sospechoso de una ejecución nunca aclarada.
El dueño de la moto que utilizó el homicida de Odriozola dijo al diario El País que se la prestó para no tener problemas. “Se sabe que él anda armado, que anduvo a los tiros”.
Agregó: “Yo a veces intento no discutir porque soy laburante y trato de esquivar los problemas”.
Pocos días después, un matón a sueldo fingió ejecutar al abogado penalista Gustavo Bordes y se informó de amenazas de muerte recibidas por jueces y fiscales.
En este punto estamos hoy. Que la gente que trabaja tiene miedo de decirle que no a un delincuente. Que el que declara en un juzgado contra un asesino, es asesinado pocos días después. Que la justicia y el gobierno se pasen la pelota y por lo menos uno de los dos mienta respecto a por qué el testigo estaba sin custodia policial. Que de decenas de personas que vieron como una barra brava baleó a un dirigente de otro cuadro, ninguno se anima a declarar en un juzgado. Que la hermana de una jueza que se metió por los narcos es asesinada en plena calle, en una “rapiña frustrada” en la que los ladrones no robaron nada.
Ajustes de cuenta, narco, Uruguay
Los diarios de hoy informan de los cuerpos de tres jóvenes que aparecieron calcinados adentro de un auto.
Dos eran una pareja de novios. Al parecer, uno de los dos muchachos muertos había sido testigo de un asesinato de una banda de narcos.
Durante meses, desde el Ministerio del Interior se quitó trascendencia a muchos asesinatos señalando que eran “ajustesde cuentas”.
La idea subyacente que se buscaba -y que se busca- transmitir a la población es que estos “ajustes de cuentas” son crímenes que se producen entre delincuentes, unos se matan a los otros, no es un verdadero problema: sería casi un beneficio para la sociedad.
Luego, ante la cifra creciente de muertes, se dijo que habíamos pasado de los “ajustes de cuentas” a una guerra entre bandas.
La idea siempre es la misma: hay que estar tranquilos, estas son cosas que solo afectan a los que se meten en el narcotráfico o el delito.
Mentira. La realidad es la opuesta: estos asesinatos de bandas, estos supuestamente benignos “ajustes de cuentas”, afectan a mucha otra gente, como Tarmezano, como la joven calcinada adentro de un auto y cualquiera que se interponga en el camino del nuevo poder emergente. Lejos de ser benignos, los "ajustes de cuentas" son gravísimos y solo permiten temer lo peor: son los signos que anuncian un cáncer que una vez que comienza a comerse a la sociedad se lo traga todo, como ocurre -por ejemplo- en México.
El primer paso para solucionar los problemas es reconocerlos.
Se perdió mucho tiempo negando.
Ningún negador solucionó nunca nada.

19.5.17

La agenda importada y la nuestra

Más que noticias son mazazos. El policía que mató a su ex pareja delante de los hijos de ambos y luego los llevó a tomar un helado. El director técnico de baby fútbol que abusaba de un niño a la vez que fungía como padre, e iba incluso a las reuniones en la escuela, y cuando temió que eso ya no pudiera seguir sucediendo, lo asesinó y se mató. El policía -otra vez un policía- que disparó su arma de fuego contra sus propias hijas con el fin de matarlas y arruinarle la vida a la madre. El ex preso que, drogado, mató a su hermana golpéandola con un palo de amasar mientras dormía, porque recordó como ella golpeaba a su madre.
Estas noticias recientes son algunas de las más brutales de una enorme cantidad de episodios de violencia familiar, doméstica, una ola cotidiana que incluye un cantidad espeluznante de casos de abuso sexual infantil y una cifra intolerable de muertes, sobre todo de mujeres. (Aunque quien se tome el trabajo de leer los partes policiales verá que también hay agresiones femeninas, menos violentas, generalmente no mortales, menores en cantidad pero aun así significativas).  
El esfuerzo de la sociedad para combatir estos males se centra en dos campos: la reforma del idioma y la lucha contra "el patriarcado".
La lucha idiomática se inició hace ya diez años. Las mujeres comenzaron a acceder con más regularidad a cargos que antes se les negaban. Entonces si una mujer llegaba a dirigir un ministerio era justo que se la llamara "la ministra" y no "el ministro" o "la ministro".
Pero pronto se pasó a boicotear palabras como edil o presidente, que se usaban para ambos sexos sin ningún sesgo machista: el edil y la edil, el presidente y la presidente.
Nunca hubo edilos ni presidentos.
De ahí se pasó al ridículo en el que han caído políticos, académicos y burócratas usando palabras como rehenas, oficialas y estudiantas.
Oficialas. Lenguaje políticamente correcto
¿Qué efecto concreto ha tenido toda esta batalla campal contra el castellano? Ninguno concreto conocido, más allá de llenarle el bolsillo a algunos que curran con los cursos de "lenguaje inclusivo".
El juez Gabriel Ohanian lo dijo bien claro en la edición del 12 de mayo del semanario Brecha, entrevistado por Venancio Acosta y Betania Núñez y hablando de las "burocratización" de los derechos humanos:
"Lo que veo es la burocratización y la exacerbación del gesto, de la palabra políticamente correcta, de la irritabilidad cuando se tocan determinados temas, pero en mi muy humilde concepto, eso es pura hipocresía. Las transformaciones no pasan porque alguien diga 'todos y todas' o 'afrodescendiente', pasa por lograr la equidad total. Como llegar a eso es más complejo, entonces nos conformamos con el mundo de la palabra, que suena más lindo pero no cambia nada".
No tengo nada para agregar.
El otro gran frente de batalla es "el patriarcado". Sin embargo, hoy en nuestra sociedad -por suerte- no hay leyes que establezcan un predominio de los hombres por sobre las mujeres.
Sí hay machismo: hombres machistas y algunas mujeres también, en distintos grados.
Sin embargo, ¿alguien cree que quien mata a su ex mujer delante de los hijos de ambos, o quien emprende a balazos contra su propia hijas lo hace porque es machista o principalmente guiado por su machismo?
¿No será que el problema principal o los problemas principales son otros?
Como Ohanian, no tengo la respuesta.
Sin embargo, después de una década de "todos y todas", quizás sea hora de preguntarle si el foco está bien puesto.
La juez letrada de Artigas, Betina Duter, entrevistada el 7 de mayo por el periodista Pablo Melgar en el diario El País, marcó uno de los principales problemas que observa en su tarea diaria en aquel departamento: "la dificultad en el acceso de mecanismos de salud mental".
Esa situación se repite en todo el país, pero casi nada se dice al respecto.
¿No tendrían un evidente problema de salud mental los dos policías de los casos narrados? ¿No tendría un evidente problema de salud mental el director técnico de baby fútbol? ¿Y el ex preso que mató a su hermana? ¿La sociedad uruguaya hoy está capacitada para detectar y tratar a tiempo estos problemas? ¿Se está trabajando para ello?
Hablando de salud mental, Uruguay también tuvo en 2015 una de las tasas más altas de suicidios de toda América Latina.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública ni siquiera tiene un director de salud mental, el cargo está vacante. Y a los policías acusados de actos de violencia doméstica se los lleva, como castigo, a trabajar a las cárceles: algo así como apagar un incendio con nafta.
Hay una agenda que viene de las ONGs del primer mundo, que ponen dinero para machacar en los temas que a ellos les interesa.
Después están nuestros problemas reales.
Abuso sexual infantil.
Alcoholismo.
Adicciones.
Salud mental.
Quizás sería hora de mirar hacia allí.

7.5.17

Elogio del homicida

El País publica hoy una doble página sábana -en su día de mayor circulación- sobre el homicida Mario Vitette, un delincuente que comenzó su carrera criminal en San José, en un asalto a una estación de servicio en la que mató al sereno.



La nota es un retrato panegírico del "ladrón", que anuncia sus deseos de comenzar una carrera política y ser edil o intendente.
El título es "el ladrón que quiere ser edil". No el homicida. El "ladrón".
Se lo presenta también como "una estrella del delito" y "un héroe de acción pop que busca consagrarse como un personaje histórico mediante el festejo de los otros".
Se nos dice que su voluntad de hacer política se basa en su deseo de "luchar por el bien común, como hizo antes, en las cárceles, por sus compañeros".
Nos relatan cómo la gente de San José ama a Vittete. Que le gritan "capo", "ídolo" y "maestro". Que "hubo policías que lo visitaron para pedirle fotos". Que un agente al reconocerlo le perdonó una multa de tránsito.
Según la nota, "se dice" que cuando Vitette volvió a radicarse en San José luego de su periplo delictivo en Argentina "el 70% del pueblo festejó".
"Se dice".
La periodista también nos informa que Vitette es dueño de una "honestidad brutal".
No se nota mucho en la nota.
Sobre el pobre laburante al que mató, hay apenas dos referencias vagas.
En la primera, la periodista dice:
"Se hizo ladrón la primera vez que estuvo preso, en 1980, en la cárcel de Punta Carretas, por un homicidio que aun no se atreve a recordar. Es demasiado doloroso".
Pobre Vitette, cuánto dolor. Aunque pienso que debe haber sido más doloroso para el pistero al cual Vitette la pasó por arriba con una camioneta.
Es notable, además, lo que sugiere la nota: el pobre muerto tuvo la culpa de que Vitette se hiciera ladrón.
¿No era que estaba asaltando la estación de servicio?
Según la nota, no. Porque en la segunda mención, el asunto es presentado como un accidente de tránsito:
"Atropelló a un pistero en una estación de servicio y por primera vez pisó una cárcel".
Pobre nuestro "héroe de acción pop".
En otro pasaje de la nota, Vitette le dice a la periodista.
"Yo le ordeno a mi mente que elimine todos esos recuerdos que no me gustan".
Parece que también se lo ordenó a El País.

Vitette, El País, San José, homicida

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